Informe sobre la situación de los hombres en los procedimientos de familia 13 Abril, 2008
Según datos del INE, en el año 2006 se produjeron 145.919 disoluciones matrimoniales, un 6,5% más que en el 2005. El mayor número de rupturas afectan a cónyuges entre una edad de 40 a 49 años, siendo la edad media de las mujeres de 40,3 años, y la de los hombres de 43,2 años. La duración media de los matrimonios que se disuelven es de 15,1 años, siendo los matrimonios de duración de menos de un año los que mayor incremento de disoluciones experimenta, con un 336%. En la mayor parte de rupturas matrimoniales, el 51% existen hijos menores de edad. De estas rupturas, el 78,7% de las ocasiones el obligado al pago de la pensión alimenticia es el padre, frente a un 2,5% que se le adjudica a la madre, y un 3,5% que es compartida, no teniendo información sobre el resto.
En la Comunidad de Madrid, en el año 2006, se registraron 17.000 divorcios, 2.533 separaciones y 29 nulidades. Ante la situación de quiebra matrimonial o de la pareja y al margen de la situación personal siempre dolorosa y tensa, surge el problema jurídico.
En el ámbito de la disolución matrimonial, ya sea divorcio, separación o nulidad, el Código Civil establece que los tribunales deberán fijar las medidas a adoptar en relación con los hijos, la vivienda familiar y las cargas del matrimonio, patria potestad y custodia, contribución de cada progenitor a satisfacer los alimentos de los hijos, régimen de visitas del progenitor no custodio y sobre el uso de la vivienda familiar.
Desde el punto de vista de las resoluciones de los tribunales, y en el caso de no existir hijos, el tratamiento a los cónyuges es normalmente igualitario, en especial cuando no existe una diferencia económica entre ambos. La referencia estadística es que los matrimonios que se disuelven son de personas entorno a los cuarenta años y que por tanto ya no obedecen a los cánones de mujeres amas de casa y sin recursos propios.
El matrimonio con hijos menores que se disuelve, y que supone el 51% de todos los matrimonios que se rompen, debe enfrentarse a la problemática antes señalada, como es la guarda y custodia, la manutención para los menores, el uso y disfrute del domicilio conyugal y el régimen de visitas para el progenitor no custodio.
Si, como antes vimos, en el 78,7% de las ocasiones, al menos, son los padres los condenados al pago de los alimentos, es porque, al menos, el 78,7% de las ocasiones la guarda y custodia de los menores se concede a la madre. Es una tendencia clara y persistente en los tribunales en general, y en particular en los de la Comunidad de Madrid. Esa es una realidad difícilmente rebatible en sede judicial, partiéndose como de una presunción apriorística de que la madre debe ser la que ostente la guarda y custodia de los menores, que requiere de una prueba contundente respecto de las imposibilidades reales de la madre para ostentarla.
Las medidas consecuentes al otorgamiento de la guarda y custodia, son el uso y disfrute del domicilio conyugal, que siempre se otorga al bien más necesitado de protección, es decir, los menores y el progenitor que los custodia, y que además obliga al no custodio a pagar los gastos inherentes a la propiedad del inmueble, como son el 50% de la hipoteca o del IBI, si bien la tendencia es a eximir de los gastos que se derivan del uso (comunidad de propietarios o seguros).
Otra medida derivada del otorgamiento de la guarda y custodia, es la obligación del pago de la pensión de alimentos (entendiendo por alimentos todo lo relativo a la manutención y desarrollo normal de los menores), a la que debe hacer frente el progenitor no custodio. Si bien existen tablas publicadas entorno a las cantidades que se vienen fijando por ese concepto en la Audiencia Provincial de Madrid (aproximadamente, de media y en líneas generales, un 30% de los ingresos del padre), en función de los ingresos del padre que las ha de pagar, el Código Civil establece que dicha pensión debe tener relación entre, esos ingresos y las necesidades del menor, de forma que, la disolución matrimonial no afecte a su nivel de vida.
La última medida derivada del otorgamiento de la guarda y custodia es el régimen de visitas a favor del menor y para que el progenitor no custodio. Herramienta, dicho sea en términos no jurídicos, habitual de chantaje o extorsión o mediatización en el conflicto entre los progenitores. Porque, bueno es reiterar lo que ya se sabe, la parte débil del conflicto son los menores, los cuales no infrecuentemente son manipulados en orden a perjudicar al progenitor no custodio. Dinámica que no por conocida es atajada suficientemente por los tribunales, que salvo en ocasiones esporádicas, da una respuesta suficiente a ello. Incumplimientos, no entregas, justificaciones en la actitud del menor, son situaciones demasiado concurrentes, que obligan a la judicialización del conflicto, lo que siempre debería ser la última solución.
Por ello, de la radiografía estadística de las disoluciones matrimoniales, debe deducirse que el hombre se ve afectado de una forma muy determinada por dicho proceso, lo que viene agravándose además por la actual situación de utilización fraudulenta del derecho penal, para obtener beneficios en el ámbito del derecho de familia. A nadie se le oculta la realidad del drama de las mujeres maltratadas. Pero a nadie se le debería ocultar tampoco, la realidad del drama de la utilización de esa herramienta con fines espurios, con la única finalidad de coaccionar y chantajear. La ideología de género que tanto nos alcanza, también conviene en negar otra realidad, que es la del hombre maltratado, tanto física como psíquicamente.
Este es el prolijo escenario al que nos lleva la ruptura matrimonial. Para ello, se precisa de un buen asesoramiento jurídico, por supuesto, pero también de tener al alcance, de forma unificada, la información relativa a los instrumentos que las diferentes administraciones ponen a nuestra disposición, o afectan a nuestra situación, desde todos los ámbitos posibles.
Diversas son las reivindicaciones históricas de los padres, que plantearon la creación de plataformas que dieran fuerza a su reivindicación. De aquéllas, algunas se han regulado, como la custodia compartida, si bien su alcance práctico judicial es bien poco, o la eliminación de la separación previa, y otras que quedan pendientes, como el sistema de liquidación de la sociedad de gananciales, la pensión de viudedad para la última esposa, persecución de oficio de las denuncias falsas, o penalización del incumplimiento del régimen de visitas, o el establecimiento de centros de acogida para hombres obligados a abandonar su domicilio conyugal. En definitiva, muchas cosas por conseguir, para paliar una situación injusta.
Asesoría Jurídica de Ciudadanos de Rivas (CDR).
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Las personas mayores de Rivas merecen un respeto del Gobierno Municipal 12 Abril, 2008
Rivas Vaciamadrid es el municipio con el porcentaje de ancianos más bajo de toda la Comunidad de Madrid. No llegamos a los tres mil residentes con más de 65 años. Sin embargo, desde Ciudadanos de Rivas nos preocupa que los responsables de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y de la Concejalía de Mayores consideren insuficiente esta cantidad de personas como para invertir en dotaciones dirigidas a este sector de la población ripense. No contamos con residencias públicas, tan sólo hay una concertada privada del Grupo Avantis, Artevida Rivas, y tan sólo tenemos tres centros para mayores – El Parque, Felipe II y Concepción Arenal – para cubrir a todos estos vecinos. Durante el mes de octubre del 2006, el alcalde de Rivas declaró que el Ayuntamiento iba a donar una parcela municipal de 20.000 metros cuadrados, para que la Comunidad de Madrid construyera una Residencia de Mayores con Centro de Día con 180 plazas, ¿qué fue de ese centro?.
Aunque la prestación de estos servicios sociales es competencia de la Comunidad de Madrid, como desde el Gobierno Regional no existe un espíritu inversor de realizar estas plazas prometidas, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento debería tomar la iniciativa de proceder a mejorar el Programa de Mayores. Aunque este incremento presupuestario suponga un cuello de botella económico en las instituciones sociales del Ayuntamiento, realmente no debiera haberse producido si se hubieran admitido las alegaciones a los presupuestos del 2008 que presentó el grupo municipal de Ciudadanos de Rivas, donde trasladábamos parte de algunas partidas de gastos sobrevaloradas o la totalidad de aquellas sin sentido, hacia otras más necesarias, entre ellas, los recursos económicos dedicados a servicios sociales.
Por un lado, se tiene que desarrollar un plan municipal de equipamientos para la Tercera Edad que contemple la construcción de nuevos Centros de Mayores con Centros de Dia que cubra al menos a cada barrio de la ciudad y la apertura de una Residencia Pública Municipal para la Tercera Edad o pisos tutelados que cuenten con el respaldo de un equipo de apoyo social comunitario. Debido a su crecimiento poblacional y territorial, los centros actuales quedan muy desplazados de los nuevos barrios donde están domiciliados numerosos de estos ciudadanos y su capacidad es insuficiente para atender a toda la demanda de nuestra población mayor. Igualmente se debe mejorar las infraestructuras de las actuales instalaciones junto con la ampliación del horario. Asimismo, debe aumentar el conjunto de prestaciones de apoyo personal y familiar como son la teleasistencia domiciliaria para la comunicación permanente ante cualquier posible emergencia como caídas o problemas médicos, la Ayuda a Domicilio intensiva para mayores con graves y severas situaciones de dependencia, activar el servicio de comida a domicilio para mayores de 65 años que viven solos y tienen problemas de movilidad y/o enfermedad que impiden su desplazamiento a los Centros, establecer programas de acompañamiento social a personas mayores que vivan solas y respiro familiar para aquellas familias que tienen a su cargo personas con un alto nivel de dependencia, como pueden ser los enfermos de alzheimer.
Y por otro lado, es necesario asignar mayor soporte presupuestario a actuaciones lúdicas, culturales, formativas, sanitarias y sociales cuya finalidad sea mejorar la calidad de vida de las personas mayores del municipio como pueden ser los programas culturales y educativos en los que las personas jubiladas puedan sentirse útiles para transmitir su experiencia y sus conocimientos a los niños y jóvenes, desarrollar cursos de formación en el uso de la informática e Internet, adaptar los parques de la ciudad de espacios deportivos destinadas a nuestros mayores – reservando zonas para juegos clásicos (mesas de ajedrez, damas, petanca, …) -, aumentar los talleres de estimulación y ejercitación de la memoria, el ejercicio físico, tratamientos de fisioterapia, grupos de balnearios, talleres de tiempo libre (manualidades, teatro, baile, técnicas de escritura), visitas turístico-culturales en instituciones públicos, museos nacionales y ciudades importantes, cursos de universidad para mayores y rutas de senderismo por el Parque Regional del Sureste. El objetivo debe encaminarse a favorecer el bienestar físico, psíquico y social de este colectivo, porque estamos hablando de un derecho.
Por último, creemos un despropósito la existencia de la Concejalía de Mayores, por mucho que se haya querido alegar la separación de esta dependencia municipal de la Concejalía de Bienestar Social para dar mayor atención de la Tercera Edad, una vez constatada la escasez de presupuesto que maneja, 1.052.244€, cuando por cierto, es inferior al destinado al Departamento de Comunicación y Prensa, 1.174.000€. Pero además, nos parece singular que esta Concejalía tenga presupuesto solo para el Centro de Día Felipe II, pero el resto de centros de día son de Bienestar Social. O que el Servicio de Ayuda a Domicilio sea competencia exclusiva de Bienestar Social, o que el Servicio de Centros de Tercera Edad también corresponda a Bienestar Social, o que la Reforma de la Residencia de Mayores la realice Bienestar Social. Pero, ¿qué residencia de mayores hay que reformar?. Bajo este contexto, estamos convencidos que las actividades dirigidas a la tercera edad, las subvenciones y las restauraciones de los centros de mayores las podría haber seguido realizando perfectamente la Concejalía de Bienestar Social sin tener que duplicar departamentos municipales. Sólo podemos explicar que el verdadero motivo de la creación de la Concejalía de Mayores tras la entrada al gobierno municipal del PSOE de Rivas, es que no se quedará ningún concejal de este nuevo gobierno sin despacho municipal y sin nadie a quien colocar como cargo de confianza en el Ayuntamiento ni a quien mandar.
Secretaría de Política Social
La Comunidad de Madrid no cumple con los ciudadanos ripenses 3 Abril, 2008
A principios del mes de marzo, el Ejecutivo regional informó de un plan de renovación y mejora del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, en el cual se tiene intención de a construir cinco nuevos parques dentro de los municipios de Valdemoro, Colmenar Viejo, Parla, Villarejo de Salvanés y Alcobendas. Aquí, en Rivas, una vez más, seguimos siendo ignorados y ninguneados por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Va siendo una costumbre el desprecio del Gobierno Regional con este municipio en cuanto a realizar inversiones. Ni parque de bomberos, ni helipuerto, ni hospital, ni centro de especialidades,…. Pese a que el Parque de Bomberos de Arganda tiene un radio de acción demasiado grande, pese a que nuestro municipio ocupe una importante extensión del Parque Regional del Sureste, susceptible a sufrir incendios forestales durante los épocas veraniegas a causa de las altas temperaturas; pese a que en recientes fechas hemos asistido a un buen número de sucesos en la Cañada Real Galiana en donde han tenido que intervenir los Bomberos, pese a las numerosas intervenciones de éstos en los frecuentes accidentes de tráfico producidos en la A3 a la altura de nuestro municipio, no han debido ser para el Gobierno Regional fundamentos con suficiente peso como para decantarse por ubicar uno de estos Parques de Bomberos en Rivas Vaciamadrid.
Resulta curioso que las pocas veces que las Consejerías Regionales se han acordado de que los ciudadanos ripenses también somos ciudadanos también madrileños, porque nuestros impuestos los pagamos en la Comunidad de Madrid, sea para enviarnos autobuses de información. Hace unos días nos mandaron el autobús de la Calidad del Aire. Durante la semana del 18 al 22 de febrero recibimos la visita del Camerbus, la oficina móvil de la Cámara de Comercio. En este caso, nuestros empresarios y emprendedores han podido asesorarse para la creación de empresas y posibilidades de autoempleo, y orientación y formación para incorporar las nuevas tecnologías a las pymes, así como cursos prácticos de español para trabajadores inmigrantes.
De todas formas, la dejadez de las funciones desde las instituciones regionales en este municipio llega a límites que rayan lo absurdo. Esta apatía en sus responsabilidades lo comprobamos notoriamente en el traspaso de la gestión del Centro Integral de Empleo (dependiente del Servicio Regional de Empleo) al sindicato CCOO. ¿ No hubiera sido más adecuado que la gestión hubiese sido trasladada al Consejo Económico Social, donde hay representación tanto de los sindicatos como de las centrales empresariales locales, así como del Ayuntamiento de Rivas? Si además, le añadimos que la Oficina de Atención al Inmigrante de la Concejalía de Bienestar Social es atendida por el otro sindicato mayoritario UGT, resulta de lo más asombroso que el gobierno autonómico del Partido Popular de Madrid, permita la gestión de estas dos oficinas sostenidas con Fondos Regionales en manos de estos dos sindicatos que tantos quebraderos de cabeza le están dando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Principalmente, ya que una gran bolsa de nuevos votantes proviene de la población extranjera empadronada en España (10% de la población total) con derecho al voto, como puede ser la población rumana, que cada vez está creciendo más dentro de nuestro municipio (2.600 rumanos). Población que puede aún más crecer si al final claudican las Administraciones Públicas, al legalizar la situación de los residentes de la Cañada Real Galiana o bien realojarlos, tal y como piden desde algunas organizaciones sociales y desde Asociación de Vecinos del Sector V de la Cañada Real Galiana. Posibilidad que deducimos que se podría hacer real lo antes posible, a raíz de las manifestaciones del portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, que recordó que el objetivo de IU es “la puesta en marcha de un plan gradual para reubicar a los vecinos de Cañada Real en un plazo máximo de ocho a diez años” en los nuevos desarrollos urbanísticos previstos “en las mismas condiciones y cumpliendo los mismos requisitos”. Además recordó la necesidad de que durante la aplicación de las fases de este plan, los servicios públicos y sociales se presten “del mismo modo que si fuera suelo urbano y, en consecuencia, se garantice la seguridad, el alumbrado, el alcantarillado, el suministro de agua y también todos los derechos sociales y educativos”.
Secretaría de Organización
Moción en el pleno municipal de febrero contra el canon digital 1 Abril, 2008
Ciudadanos de Rivas se sumó a la moción presentada en el pleno de febrero en referencia a la reivindicación de la plataforma Todoscontraelcanon.es para la eliminación del actual canon digital que se debería aplicar solo sobre la obra original en el momento de su adquisición y no sobre los soportes. Así, el autor decide la cuantía y recibe íntegramente la compensación que genera su obra, ya que se eliminan los agentes intermediarios del sistema actual, mientras que sólo pagan aquellos que adquieran las obras y se evita pagar varias veces por un mismo hecho impositivo.
Rechazamos el canon digital aprobado por el Parlamento Español que se impone en CDs y DVDs, USBs, teléfonos móviles, reproductores de MP3 y otras unidades de almacenamiento, por ser una medida impuesta de forma arbitraria e indiscriminada a ciudadanos, empresas, administraciones y todo tipo de entidades jurídicas, al penalizar el uso de estos dispositivos electrónicos, que son susceptibles no sólo de grabar o reproducir obras sujetas a propiedad intelectual, sino también al almacenar trabajos propios o de autores que ponen sus obras a libre disposición de la ciudadanía mediante las licencias Creative Commons o Copyleft. La imposición de este canon es injusto para toda la sociedad y perjudicial para el acceso y el uso de las nuevas tecnologías.
Desde Ciudadanos de Rivas, queremos recordar al alcalde que el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Angel Perez, ha manifestado públicamente en Telemadrid su contrariedad al voto favorable al canon digital dado el pasado 20 de diciembre por algunos diputados de su partido en el Congreso de los Diputados, en concreto, Gaspar Llamazares, Isaura Navarro y Montserrat Muñoz, pese a que ICV presentó una iniciativa en el Senado, pidiendo la retirada de la implantación de este canon digital durante la tramitación de la LISI, posición que por cierto se refleja en este sentido en el programa electoral de Izquierda Unida a las Elecciones Generales de 2004: “eliminar la tasa, no aprobada por el Congreso, sobre el precio de venta de CDs e impedir otras semejantes como las que podrían establecerse sobre discos duros u otros soportes digitales, tutelando los derechos de autor por medios más efectivos y de forma respetuosa con la legalidad”. Asimismo, desde miembros de la presidencia federal de Izquierda Unida hasta militantes de base han denunciado que estos diputados se desmarcaron con su actuación de la política aprobada por los órganos soberanos.
Asimismo, el grupo municipal de Ciudadanos de Rivas expresa su crítica a que los ayuntamientos paguen este canon en su calidad de usuarios administrativos de los soportes y equipos digitales con los que prestan servicio a la ciudadanía.
Queremos aclarar que nuestro partido no está en contra de los autores ni de sus derechos pero considera necesario restablecer el equilibrio entre el derecho individual de autor y el derecho colectivo a la cultura. La propuesta alternativa de la plataforma todoscontraelcanon al modelo actual (respaldada por dos millones de firmas) hace asumible que la defensa de la copia privada y el derecho a la información en la Red y el establecimiento de los mecanismos más equitativos para retribuir al autor por el uso de su obra.
Secretaría de Participación Ciudadana
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