El pasado 5 de julio se ha aprobado en el parlamento de la Asamblea de Madrid, una polémica ley de medidas urgentes de modernización de la Administración, con el único apoyo del grupo parlamentario popular y con la desaprobación del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Esta ley propone medidas para el «embellecimiento, limpieza y calidad de vida de las ciudades», para el control y planificación urbanística, garantías para suministro de agua en la Comunidad de Madrid, denominación exclusiva de consejeros para los miembros del Gobierno regional y éstos - así como los viceconsejeros (tendrán competencias de gestión, al igual que los secretarios de Estado) - podrán compatibilizar su cargo con el de diputado, y petición de competencias en los transportes para que la Comunidad participe en la gestión de infraestructuras, servicios y equipamientos cuya titularidad corresponda a la Administración General del Estado que afecten directamente a la región, especialmente en transporte ferroviario de cercanías y en aeropuertos, aviación y transporte aéreo.
Entre sus principales actuaciones está la prohibición de los «graffitis» y pintadas en las vías públicas, monumentos, estatuas, arbolado o mobiliario urbano. Sin embargo, los Ayuntamientos podrán autorizar lugares hábiles para que los graffiteros puedan desarrollar sus diseños artísticos. Fuera de estos lugares específicos, sufrirán la sanción con multas desde 300 euros hasta 6.000, según la gravedad. Aunque los infractores podrán «librarse» de la multa si limpian las pintadas y reparan los daños causados. Creemos que esta medida es acertada; no se puede soportar más el aspecto que sufren la gran mayoría de las fachadas de nuestro municipio que están invadidas de este tipo de pintadas, que representa un aspecto de suciedad más que de arte. En cambio, al PSOE y a IU si les parece bonito que estén así nuestras viviendas, sino no se explica porque han pedido la retirada de este artículo en sus enmiendas – 49 del PSOE y 28 de IU- a la ley. Es más, nuestro alcalde, no sólo discrepa de este artículo, ni siquiera va a llevarlo a efecto según ha manifestado días después de la aprobación la Ley: él “no aplicará todo lo que sea jurídicamente posible no aplicar de la ley, en especial lo que hace referencia a los graffitis”. Aunque es fácil de entender esta actitud del alcalde cuando las propias mancomunidades son las que hacen el esfuerzo económico para contratar a empresas de limpieza para eliminar los graffitis pintados en las fachadas y en los soportales. A la par del problema del gratiffi, los residentes que viven encima de estos soportales, principalmente durante los fines de semana, conviven con la prosaica realidad de que son zonas habituales de grupos de jóvenes, la gran mayoría menores de edad, que se concentran para celebrar botellones, que finalizan en la mayoría de las ocasiones, con el abandono de las botellas en los jardines y en los parques infantiles y destrozados en el suelo. Aunque a muchos les pese, en nuestra región hay una ley en vigor desde el 2002, la Ley de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos, en virtud de la cual queda prohibido el consumo de alcohol en la vía pública, salvo cuando se haga en terrazas, veladores, ferias y fiestas patronales. Es fácil de entender que el ayuntamiento tiene una gran responsabilidad en este asunto y tiene la obligación de reforzar los controles de seguridad para evitar que en nuestro municipio se siga celebrando este consumo de alcohol en lugares no autorizados de nuestro municipio y los servicios de limpieza para que no permanezcan durante varios días los residuos creados por estas celebraciones. A su vez, se deberían iniciar actividades informativas en los centros educativos a los jóvenes sobre las consecuencias sanitarias de este consumo de alcohol, de los problemas de contaminación acústica y de higiene que genera estas celebraciones y los perjuicios que crea a los vecinos en su derecho al descanso, quienes en muchos casos, han advertido a estos jóvenes de la molestia que les estaban ocasionado, y sin embargo han recibido respuesta de estos chicos con bastante agresividad e incluso han provocado algún acto vandálico.
Respecto a las medidas urbanísticas, se anticipan a la Ley del Suelo para dotar al Gobierno regional de potestad para aprobar los avances de los planeamientos urbanísticos y retirar las competencias urbanísticas a los municipios que incumplan gravemente la ley. A partir de ahora, la ley fija que los nuevos planes de edificabilidad de los suelos deberán estar avalados por informes de análisis medioambiental y de impacto territorial, además de análisis sobre el impacto que sufrirá en las dotaciones, equipamientos, infraestructuras y servicios. Aunque esta ley viene arrastrada por la desaprobación del PP y de los promotores inmobiliarios quienes piensan que su objetivo es “abaratar las expropiaciones” y presenta, además, “un afán recaudatorio”. La polémica surgió porque la Comunidad de Madrid pretende regular la altura de las nuevas edificaciones a tres plantas más ático, salvo en casos excepcionales de edificios singulares y cuando se den circunstancias que así lo justifiquen, siendo previamente autorizado por la Comisión de Urbanismo de Madrid. El PP de Madrid justifica esta regulación como una manera de extender el urbanismo que se sigue en Las Rozas, Pozuelo o Majadahonda al resto de la región, municipios donde gobierna pero donde viven numerosos altos cargos del PSOE, porque esta altura de estos edificios será representa un urbanismo “mas humano” y aportará “mayor calidad de vida”. Sin embargo, no llegamos a comprender como van a conseguir con estas medidas que se controle la “corrupción” y la “especulación urbanística”, por mucho que se prevea la retirada de esas competencias a los ayuntamientos que infrinjan las normas. Más bien, conllevará a elevar el precio del suelo por varios motivos. Por un lado, estamos en una época en donde a nuestros gobernantes locales les invade una fiebre para que crezca desmesuradamente la población en sus municipios, como si estuviéramos en una competición de quien alcanza la máxima densidad de población en el menor tiempo. Por otro lado, las constructoras verán reducidos los márgenes de beneficios por cada construcción. Y como ninguno quiere perder, la única solución es que los ayuntamientos tendrán que enajenar más suelo para poder alcanzar sus propósitos, aunque se a costa de reducir a mayor velocidad el patrimonio de sus vecinos; y los empresarios de la construcción tendrán que incrementar el precio de las viviendas para poder obtener los mismos o mayores beneficios económicos que los actuales. Y cuando se acabe el suelo urbanizable, como puede ser el caso de Rivas, se empezará por los espacios protegidos, por eso nuestro alcalde esta preocupado de que la Comunidad de Madrid adquiera capacidad de intervención en los avances de los planes urbanísticos municipales. Aunque en principio, estas medidas no van a afectar directamente a nuestro municipio, por tener ya aprobado el Plan General de Ordenación Urbana, pero se tendría que evitar algunos casos aberrantes como han sucedido en Rivas, que con la justificación de la compatibilidad de crecimiento en altura con crecimiento en horizontal, han producido situaciones vergonzosas como puede ser el caso conocido del edificio frente a los chalets de la calle Geranio. Únicamente reclamamos un crecimiento más moderado de los nuevos barrios donde vayan a ritmo acompasado con la instalación de los servicios demandados por sus futuros residentes y frenar el incompresible reto de nuestro gobierno municipal de construir edificios descontroladamente para superar la cifra de 100.000 habitantes en pocos años.
Por último, quisiéramos señalar que apoyamos que se transfiera competencias de transporte estatal a la Comunidad de Madrid, aunque nosotros no estamos muy contentos con lo que nos afecta a nuestro municipio, donde el transporte público deja mucho que desear. Estamos felices de que por fin vea la luz la construcción de la tercera estación de metro que pasa por nuestro municipio, aunque que sea con bastante retraso. No obstante, no estamos plenamente contentos, tras lo manifestado por los responsables autonómicos de la Conserjería de Transporte tras la visita relámpago de la presidenta de la Comunidad de Madrid, después de más de cuatros sin hacer presencia por nuestro pueblo. Visita, por cierto, a la que ni siquiera fue comunicada al PP local. Lamentablemente vamos a seguir sin tener aumento en la frecuencia de circulación de los trenes, ni en la cantidad de vagones de cada locomotora, ni siquiera en la hora de cierre, pese a que son soluciones muy demandadas y necesarias para los ripenses que tengan que desplazarse en transporte público a sus lugares de destino. Esperemos que si nos vuelve a visitar en la inauguración de la estación, la Consejería de Transporte sea consciente que no son peticiones caprichosas sino urgentes y rectifique para tener un metro en condiciones y de calidad. De la misma forma que esperamos que lleguen a buen puerto, las protestas a AENA de los municipios, entre ellos el nuestro, afectado por el paso constante sobre las viviendas de los vuelos de aviones que se dirigen al aeropuerto de Barajas.
Alvaro Martín Fuerte
Se reanuda la vida política de Rivas Vaciamadrid, tras el paréntesis estival y se reinicia tal como se había acabado, con CIUDADANOS DE RIVAS asentándose en sus tareas institucionales, trabajando y planteando sus primeras iniciativas de esta legislatura y PSOE- IU- PP enfrascados en sus ambiciones, peticiones e infructuosos pactos a día de hoy, como botón de muestra está el voto unánime de estas tres fuerzas políticas, es decir sus 24 concejales, en asuntos como retribuciones, liberaciones, asignaciones y dotaciones de recursos humanos, solo el concejal de Ciudadanos de Rivas puso la nota discordante para ellos, al no votar a favor ( 25 concejales, 24 votos a favor).
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